Plan de atención a la diversidad de un centro educativo

inclusión escolar

La Ley 517 de 4 de agosto de 1977 representa un hito en la historia de la escuela italiana, se suprimen las escuelas especiales y se determina la integración de los alumnos discapacitados en las clases ordinarias.

La Directiva de 27 de diciembre de 2012: «Herramientas de intervención para alumnos con necesidades educativas especiales (BES) y organizaciones territoriales para la inclusión escolar», subraya el hecho de que en todas las aulas hay alumnos que requieren una atención especial por una serie de razones que no terminan con la presencia explícita de déficits que dan lugar a una certificación según la Ley 104/92.

Este complejo panorama afecta a todas las escuelas, e identifica lo que podría definirse en general como condiciones de desventaja escolar, o Necesidades Educativas Especiales según la definición utilizada internacionalmente.

Este trabajo de investigación se lleva a cabo en el centro de formación profesional Oliver Twist-Comate Formazione, en las clases I, II, III del sector de «Carpintería – Mantenimiento de edificios».

preescolar: el nuevo modelo de pei

El artículo 6 del Decreto Legislativo 96/2019 especifica que el Plan Educativo Individual debe ser elaborado por el Grupo de Trabajo Operativo para la Inclusión y debe contener una cuantificación de las horas y recursos necesarios para el apoyo, así como todas las herramientas, estrategias e intervenciones educativas y didácticas.

integración de los alumnos discapacitados; integración y apoyo a los alumnos en situación de desventaja; identificación y apoyo a los alumnos con DSA; acogida de los alumnos extranjeros; acogida de los alumnos recién matriculados.

El decreto establece nuevas normas sobre la inclusión de los alumnos discapacitados certificados, promoviendo la participación de las familias y las asociaciones como socios en los procesos de inclusión escolar y social.

El artículo 6 del Decreto Legislativo 96/2019 especifica que el Plan Educativo Individualizado debe ser elaborado por el Grupo de Trabajo Operativo para la Inclusión al que se refiere el artículo 8 del citado decreto y debe contener una cuantificación de las horas y recursos necesarios para el apoyo, así como todas las herramientas, estrategias e intervenciones educativas y pedagógicas (Decreto Legislativo 96/2019, artículo 6, c. 1, punto 4). Además, se establecen plazos inequívocos, aunque no vinculantes, para su elaboración: el PEI «se elaborará provisionalmente antes del mes de junio y definitivamente, por regla general, a más tardar en octubre» (Decreto Legislativo 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).

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se expresa principalmente en las acciones implementadas para facilitar la inclusión de todos los sujetos débiles (extranjeros, discapacitados, alumnos con enfermedades, DSA…), para apoyar a los colegas que tienen este tipo de alumnos en sus clases, para acompañar a los profesores en las cuestiones relacionadas con los diferentes tipos de alumnos, para elaborar el PEI, para organizar y coordinar las diferentes figuras implicadas en la inclusión.

A nivel interno, actúa como punto de referencia para los profesores que tienen alumnos adoptados en sus clases, y a nivel externo, como enlace entre la escuela, la familia, los servicios sanitarios y sociales locales y otras personas que apoyan a la familia en la fase posterior a la adopción.

? Miembro del personal de la escuela: colabora con los profesores para supervisar al alumno en las zonas comunes y, en ausencia de personal de la OEPA o de personal especialmente asignado, apoya la asistencia material del alumno (desplazamiento dentro del recinto, entrada y salida) siempre que no se requieran habilidades específicas para el desplazamiento.

Plan de atención a la diversidad de un centro educativo del momento

Los CTS, según la ley, deben ser al menos uno por provincia, están formados por un director de centro y un equipo de profesores especializados en el currículo y de apoyo, y tienen la función de asesorar a los centros educativos en el uso de la tecnología para satisfacer las necesidades educativas especiales, la información y la formación, la gestión de ayudas y equipos prestados, la investigación, la experimentación y la difusión de buenas prácticas. Estos centros están financiados por el Ministerio.

Tras treinta años de experiencia (desde la ley 517/77, pasando por la ley 104/92 y la ley 170/10, hasta las Circulares Ministeriales que las siguieron), han surgido una serie de «buenas prácticas», definidas como 5 buenas acciones que pueden guiar la actuación del Director.

Estas figuras del sistema, de acuerdo también con el director, deben promover dentro de la institución escolar un nuevo sentido de pertenencia, una asunción de roles motivadora, un deseo de intercambio y una nueva autorreflexión profesional.